Aunque no se puede obligar a nadie a contratar una cuenta bancaria, muchos productos y servicios son inaccesibles sin ella.
La casi totalidad de nuestra vida como ciudadanos y consumidores tiene como intermediario a una entidad bancaria. Pago de servicios e impuestos municipales, cobro de la nómina o el acceso a bienes tan diversos como una cena con amigos o un viaje al Caribe se realizan con medios de pago distintos, casi siempre, del dinero en efectivo. En algunos casos, y aunque nadie puede ser obligado a tener una cuenta bancaria a su nombre, es prácticamente imposible acceder a determinados servicios y productos sin ella.
“Bancarización” imparable
Un reciente informe del Banco de España medios de pago señala que no más del 3% de las operaciones financieras en nuestro país se abonan en efectivo. La entidad coloca la domiciliación de recibos a la cabeza (46%), seguida por las tarjetas de débito y de crédito (31%), las transferencias (16%) y los cheques (4%), con la salvedad de que en términos de importe, las transferencias destacan con un 76% del total. No obstante, y a pesar de estos datos, la respuesta a la pregunta de si se puede vivir sin tener relación alguna con el banco, no conlleva dudas: Sí, se puede. Nadie puede obligar a un ciudadano a pagar un recibo domiciliándolo en su cuenta, o a cobrar su nómina de la misma manera. En todo caso, lo correcto para reflexionar sobre la “bancarización” de nuestra vida sería preguntar: ¿Se quiere vivir sin dinero en el banco?
Se puede vivir sin tener ninguna relación con el banco, pero resulta muy incómodo
En los últimos años la expansión del sector bancario ha sido imparable, en un cóctel que combina la proliferación de los medios electrónicos y la banca “online” con un crecimiento sostenido de la economía y del poder adquisitivo y el consumo. De esta forma, a la ya afianzada presencia de las tarjetas de crédito y de débito en nuestra vida cotidiana, se ha sumado la atractiva oferta de los bancos con regalos y promociones que incluyen desde la concesión de un préstamo personal o hipotecario, hasta la anulación de comisiones bancarias por los servicios prestados a cambio de domiciliar la nómina o los recibos de la luz, el gas o el teléfono. El resultado: un mundo en que las ventanillas de pagos gozan de unas largas vacaciones con visos de jubilación, y en el que la tecnología de los datáfonos para el pago con tarjetas de crédito y débito empieza a hacer gala de su eficiencia por ejemplo al viajar a las mesas de los restaurantes y, en sólo segundos y ante la mirada todavía atónita de algunos clientes, cobrar el importe con cargo a una cuenta corriente de una caja o banco.
Cuestión de comodidad
Lo cierto es que vivir sin el banco no resulta cómodo; más allá de que el cobro automático del consumo de luz o de teléfono, o del impuesto de circulación del coche, por poner algunos casos, no conlleve costes extra, no sería sencillo optar por el pago en ventanilla.
– Imagen: peter lammers -
Como muestra, la mayor compañía de teléfonos de España, Telefónica, ofrece la doble opción de la domiciliación de la factura o el pago en ventanilla. Pero los problemas empiezan desde la misma página web, al querer averiguar qué sucursales de la empresa o entidades bancarias aceptan el pago: simplemente, al hacer “clic” sobre la opción en la pantalla, el listado no aparece. En el caso de Vodafone, la opción de pago por ventanilla simplemente no existe. La segunda compañía de telefonía móvil del país ofrece dos únicas vías de pago: domiciliación bancaria o tarjeta de crédito, una actitud que, como aseguran desde la entidad responde a “política de la empresa”.
Sea de un modo u otro, los consumidores parecen aceptar este tipo de prácticas comerciales, aunque bien es cierto que no hay riesgos en este tipo de actuación, salvo que dan lugar a que sean más fácilmente controlables los hábitos de consumo. En suma, todos los movimientos de la economía de los ciudadanos están registrados en su cuenta, aunque la ley de protección de datos preserva a los titulares de la difusión y mal empleo de los mismos. El dato que demuestra de modo más claro la “bancarización” de la economía doméstica es que la Agencia Tributaria realiza su trabajo de inspección y control a través de las cuentas corrientes de los contribuyentes. Los bancos tienen la obligación de brindar los datos de movimientos e ingresos ante el pedido de la Agencia, la única entidad que puede prescindir del procedimiento judicial para tal fin.
El banco en todos los ámbitos
En el ámbito laboral, la “bancarización” ha tomado la cabeza con la práctica de domiciliación de nóminas. La legislación laboral no obliga a los empleadores a ninguna forma de pago en particular, pero por cuestiones operativas el pago en cuenta es la primera opción. El problema aparece ante las exigencias de algunos bancos de domiciliar la nómina a cambio de la concesión de un crédito, por ejemplo, lo que obliga al trabajador a negociar con su empresa el cambio de cuenta, o la adopción de la transferencia bancaria como forma de pago si éste se hacía de otra forma hasta ese momento.
La domiciliación de los pagos ahorra trámites a las empresas privadas y públicas, y proporciona comodidad al ciudadano
El uso de la domiciliación de recibos como medio de pago es una práctica extendida a todo el ámbito de la economía. La Administración, de hecho, ha promovido la domiciliación en las cuentas de los ciudadanos, por ejemplo de los impuestos municipales. Sólo en San Sebastián, que en 2006 lanzó una campaña de promoción para tal fin, en la actualidad casi el 70% de los ciudadanos opta por este medio de pago. En la capital guipuzcoana sólo el 18% no tiene ningún recibo domiciliado. El Ayuntamiento donostiarra, que recauda en concepto de basuras, agua, impuesto de bienes inmuebles y de vehículos, incluye entre los incentivos la devolución de un euro al año por cada recibo, y el cobro en cuenta en la última fecha de vencimiento.
Con esta práctica, los ciudadanos se benefician de la comodidad de no atender a fechas de pago o vencimiento, y se aseguran de que el devengo será en el último día de vencimiento, política que también adoptan las empresas privadas para incentivar a los consumidores a elegir la domiciliación como medio de pago. Las empresas -tanto públicas como privadas- y los ayuntamientos se ahorran gran cantidad de trámites y de relaciones con las entidades financieras. Además, y aunque se cobre el último día del período de pago voluntario, las empresas tienen garantizado que percibirán las cantidades que correspondan, sin necesidad de abrir expedientes e iniciar trámites sancionadores.
Saludos.
